El problema del problema

 

Foto: Mesa Redonda

Por: Leonel José Pérez Peña 

De violaciones a las disposiciones legales referentes a la bancarización, prácticamente están saturadas las redes sociales y , los órganos de prensa en todo el país, también se hacen eco de esta situación, empleando para ellos diversos géneros periodísticos.

Lo cierto es que recientemente el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) a través de Cubadebate, en su sección "Agenda Económica", y luego reiteró desde su perfil institucional en Facebook que "los actores económicos están obligados por ley a aceptar transferencias bancarias como forma de pago".

Volverlo a decir, no es reiterativo, también es confirmar el problema para actuar sobre él y radicarlo. En trabajos anteriores "¿Quién le pone el cascabel al Gato?", publicado en este blog confirmé que la bancarización es un proceso objetivo y responde a las necesidades del desarrollo y a las disposiciones vigentes del Banco Central de Cuba, para fortalecer el control fiscal y la transparencia de las operaciones comerciales.

Todo está escrito y bien explicado

‌La Resolución 111/2023, publicada en la Gaceta Oficial el 2 de agosto de 2023, fija un límite máximo de cinco mil pesos por operación en efectivo entre actores económicos. Todo pago superior debe realizarse mediante transferencia o canal electrónico, una medida dirigida a reducir la circulación de efectivo y garantizar la trazabilidad de las transacciones en el entorno empresarial y del trabajo por cuenta propia.

‌El Decreto Ley 91 de 2024, "De las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, las micros, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias", establece sanciones para quienes incumplan la normativa.

‌ Según lo dispuesto en este cuerpo legal, las multas oscilan entre 20 y 40 cuotas para negocios pequeños, y entre 40 y 60 cuotas para mipymes y cooperativas, con montos que pueden alcanzar hasta 60 mil pesos, en dependencia de la gravedad de la infracción y la categoría del actor económico sancionado.

‌ En casos de reincidencia o violaciones graves, las medidas incluyen la suspensión temporal o cancelación definitiva de la licencia, así como la clausura total o parcial del negocio. Esto representa un severo llamado de atención para aquellos establecimientos que persisten en prácticas contrarias a la legalidad vigente.

‌El MEP recordó que el uso de códigos QR vinculados a la cuenta personal constituye evasión fiscal, pues impide el control de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) sobre las operaciones. El pago digital debe realizarse siempre a través de la cuenta bancaria fiscal declarada, como parte de las obligaciones tributarias que rigen para todos los gestores económicos del país.

En la propia nota que cito, se informa además: autoridades provinciales informan que las comisiones de bancarización atienden las quejas en los territorios y han impuesto medidas a infractores, por lo que incentivan a buscar información de otros contactos territoriales en cada caso.. Como resultado del enfrentamiento a estas violaciones, más de 475 establecimientos en el país han sido cerrados por incumplir la normativa, lo que evidencia la voluntad gubernamental de hacer cumplir las disposiciones legales en beneficio de la disciplina financiera nacional.

A esta voluntad gubernamental, le está haciendo falta LA DECISIÓN de la o las personas responsables con la aplicación de la medida que pondría fin a estas violaciones y, evitaría así, que ese " control popular" , se convierta en un acto de violencia entre los vecinos de nuestros barrios, -de los que ya hay reportes que narran discusiones acaloradas por el tal enfrentamiento- y si es un derecho del cliente escoger la forma de pago, entonces, ese derecho es sagrado y el Estado y sus instituciones gubernamentales deben, como otros, proporcionarselo de hecho.

Si todo está legislado en esta materia, ¿Cual es el problema del problema que no se acaba de solucionar ? ¿qué falta? Se adopte la DESICIÓN de aplicarle el rigor de la ley a los verdaderos responsables de la desobediencia y el desacato de las normas jurídicas que acompañan a la bancarización.

En las redes sociales muchos actores económicos han expresado que no pueden realizar el cobro de sus mercancías en línea porque a la hora de reabastecer, tienen que pagar efectivo y el banco no lo e permite retirar todo el dinero que necesitan y que tienen en sus cuentas. Está realidad desbroza el camino para llegar hasta la guarida del verdadero culpable para aplicar con rigor la ley y no, como ocurre con frecuencia, al pequeño negocio de barrio, que también resulta víctima de aquel.

Entonces está claro, el problema de la bancarización es por no aplicarle con rigor la ley a los verdaderos responsables de estas violaciones: mipymes autorizadas a la venta mayorista para el reabasteciniento de mercancías de los pequeños negocios de barrio.

Son estas las entidades donde debe dirigir las acciones de control. Y controlar bien porque a las mipymes autorizadas a la importación, el MEP de conjunto con el de Finanzas y Precios, las exoneró del pago de los aranceles para la importación del pollo troceado, leche en polvo y otros insumo de primavera necesita, y miren que disparados están los precios de esos productos. Es una verdadera estafa lo que están haciendo y resulta a los ojos de muchos, intocables.

Este es el verdadero problema del problema, el que más asfixia a la sociedad cubana actual, el que se ha convertido en un grito de "auxilio", que enfrenta precios abusivos, carencia de todo tipo y aún mantiene la esperanza de que sus carencias de hoy tengan mañana solución. Y lo que más incomoda al pueblo es que las acciones de control van dirigidas con la figura equivocada. De los 475 negocios cerrados por esta causa en Cuba ¿Cuántos son mipyme?