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Por: Leonel José Pérez Peña
En la jornada de este sábado la agenda legislativa del municipio La Lisa abordó temas críticos para el desarrollo socioeconómico del municipio.
Entre ellos, el análisis y aprobación del Plan de la Economía para 2026, la liquidación del presupuesto del año anterior y las modificaciones presupuestarias para el curso actual, la rendición de cuenta del Consejo de la Administración Municipal sobre su gestión en el 2025 y la evaluación del desempeño de los cuadros principales del municipio.
De igual forma, se presentó el balance anual sobre la prevención y el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en el territorio, y se aprobó la Ordenanza Municipal sobre el "Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos", entre otros asuntos de interés territorial.
En su informe de la rendición de cuenca ante la asamblea, el Consejo de la Administración enfatizó el control estatal y la lucha contra la corrupción, destacando un incremento del 10.2% en las acciones de enfrentamiento al delito y las indisciplinas sociales.
En cumplimiento del Decreto Presidencial 942, se ejecutó una estrategia integral de fiscalización que priorizó la protección de los recursos públicos y el ordenamiento económico, lo que favoreció la realización de 20 656 acciones de control.
Se impusieron 22 442 multas, con una recaudación total de 52 586 905 pesos, y, de esa cifra, la gestión de cobro mostró una eficiencia del 80, 9 por ciento, destinando el recaudo a fortalecer el presupuesto social.
El informe detalla una respuesta enérgica frente a hechos graves de corrupción y desvío de recursos, con 53 medidas disciplinarias, incluyendo 9 separaciones definitivas del cargo.
Entre los casos más críticos destacan, en Comercio, el faltante de sal en el "Mercado Ideal Gran Caribe" por un valor superior a los 3 millones de pesos.
En los sectores de la Salud y Educación, las acciones punitivas estuvieron dirigidas a enfrentar la acreditación excesiva de salarios en el Policlínico "Pulido Humarán" y medidas tras robos de recursos presupuestarios en centros educativos.
También se enfrentaron delitos en el sector de la Economía, al desarticular un esquema de desvío de fondos en nóminas que superaba los 674,000 pesos.
Respecto a la prevención del delito y las ilegalidades, durante el pasado año se ejecutaron 107 operativos conjuntos para enfrentar el tráfico de estupefacientes y manifestaciones violentas.
En el ámbito agrícola y territorial, se erradicaron 567 ilegalidades constructivas. A pesar de estos enfrentamientos, la administración reconoció los retos que implica el déficit del 64.7% en la plantilla de inspectores y cuerpos de seguridad, lo que generó acciones para el completamiento de plantillas en sectores estratégicos.
El gobierno de La Lisa identificó como zonas de vigilancia priorizadas los Consejos Populares de Versalles-Coronela, San Agustín y Cano-Valle Grande y Bello 26 especialmente por los delitos de robo.
El tema que más debatieron los delegados, con exhaustivas críticas, fue el de la bancarización en el territorio, al exponerse las brechas existente entre las estadísticas oficiales y la realidad cotidiana que enfrentan los ciudadanos, especialmente los sectores más vulnerables.
Los delegados cuestionaron con dureza los datos presentados al cierre de 2025, los cuales aseguraban un avance sostenido en la transición digital, sin embargo, la realidad que se vive en los primeros meses del 2026 contradice dichas cifras.
Las dificultades extremas para el cobro de salarios y la parálisis de servicios básicos demuestran que la implementación ha fallado en su ejecución práctica, dejando a la población en un estado de indefensión financiera para el cobro de salario, el impacto en los servicios, la situación de los jubilados, los problemas de corrupción e indisciplina, la extorsión y sobornos.
En este escenario, los delegados no solo diagnosticaron los problemas, sino que lanzaron propuestas administrativas audaces para mitigar el impacto en el corto plazo.