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| Comisión Provincial del La Habana reunida en el marco del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito,la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Foto: Gobierno de La Habana |
Por: Lien Martí Rodríguez
En el marco de la política de perfeccionamiento del sistema de control interno y la lucha contra las ilegalidades, el gobierno de La Habana continúa fortaleciendo los ejercicios de fiscalización y control en todo el país.
Estas acciones, lideradas por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Finanzas y Precios, tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la legalidad socialista, proteger los intereses del pueblo y elevar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Durante el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, que se desarrolla esta semana, se realizan inspecciones en sectores estratégicos como el agropecuario, el comercial y el energético.
Se aplican normativas esenciales como el Decreto 30, que combate los precios abusivos y la Resolución 225, que regula los precios centralizados de productos básicos.
Asimismo, se refuerza el control sobre los contratos entre entidades estatales y formas de gestión no estatal mediante la Resolución 209, con el fin de evitar ganancias excesivas y proteger el equilibrio económico.
Los resultados de estos ejercicios evidencian el compromiso del Estado con la legalidad y la justicia social. Durante el desarrollo del mismo se han detectado y sancionado múltiples violaciones, se han recuperado recursos y se fortalecen los mecanismos de prevención.
Las auditorías de desempeño y las acciones de control contribuyen a elevar la disciplina fiscal, combatir la corrupción y consolidar la transparencia en la administración pública.
De forma mayoritaria la población expresa su respaldo a estas acciones, reconociendo su importancia para enfrentar el desorden económico y proteger los derechos de los consumidores.
Las medidas adoptadas por el gobierno son vistas como necesarias para garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios y para sancionar a quienes, desde posiciones de poder o gestión, incurren en prácticas contrarias a los principios éticos de la Revolución.
El fortalecimiento de la fiscalización y el control no es una acción aislada, sino parte de una estrategia integral que busca consolidar una cultura de legalidad, responsabilidad y participación ciudadana.
El gobierno de La Habana, en estrecha coordinación con sus instituciones, continuará perfeccionando estos mecanismos para garantizar que cada recurso público se utilice en función del bienestar del pueblo y el desarrollo del país.