Por: Redacción Digital
Por primera vez en seis décadas, el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba provocó pérdidas superiores a los 5 mil millones de dólares en un año. Imagen: Tomada de Prensa Latina.
“Modificar la política de Estados Unidos hacia Cuba es una promesa del presidente electo, Joe Biden, pero tendrá facultades limitadas contra el bloqueo y debe enfrentar una legislación diseñada para perdurar”, explicó una fuente especializada.
La doctora en ciencias jurídicas, Seida Barrera, enfatizó que el núcleo de la política hostil contra el archipiélago lo conforman varias leyes, como las Torricelli y Helms-Burton, que solo el Congreso estadounidense puede eliminar.
Según la experta, desde 1959 Washington consideró que un sistema socialista podría atentar contra su posición de poder en la región, por lo que tomó medidas para eliminar dicha amenaza: legalmente el bloqueo a Cuba comenzó en 1962, con la proclama 3447 del entonces mandatario John F. Kennedy.
“El presidente no tiene facultades para ordenar su derogación, sin embargo, puede suprimir órdenes, proclamaciones, notificaciones y determinaciones del ejecutivo relacionadas con ese cerco”, aclaró la jurídica.
Además, tiene la potestad de accionar sobre agencias y departamentos federales bajo su mando; los más recurrentes en ese sentido son los del Tesoro, de Estado y el de Justicia.
La también especialista del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos subrayó que las opciones para derogar las disposiciones del bloqueo pueden tardar años dadas las complejidades del mecanismo legislativo congresional.
“Se diseñó de esa manera, aprovechando que en ese sistema la acumulación es un fenómeno inherente, por tanto, quitas un obstáculo y te pueden quedar varios más”, comentó.
Según fuentes oficiales, del 20 de enero de 2001, fecha de toma de posesión del presidente George W. Bush, al 3 de noviembre de 2020, fecha de celebración de las últimas elecciones, se procesaron 131 normativas jurídicas vinculadas al bloqueo, de las cuales el ciento por ciento resultaron prórrogas o modificaciones de legislaciones anteriores.
En opinión de Barrera, la administración de Barack Obama (2008-2016) evidenció cuánto puede hacerse para flexibilizar la aplicación del cerco, pues el mandatario suscribió acciones ejecutivas que propiciaron un clima de seguridad.
“Con Trump, en cambio, observamos todo el daño que se puede provocar en tiempo récord”, acentuó.
De hecho, la administración del republicano dejó en 2020 cifras inéditas de daños por esa política punitiva contra Cuba, fortalecida durante la pandemia.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, informó recientemente que, por primera vez en seis décadas, esa política hostil provocó pérdidas superiores a los 5 mil millones de dólares en un año.
Por otro lado, la aplicación extraterritorial se agravó entre 2019 y 2020, pues la Oficina para el Control de Activos Extranjeros impuso 12 penalidades, que superaron los 2 mil 403 millones 985 mil 125 dólares.
De acuerdo con la experta, la coerción de Estados Unidos comenzó desde el triunfo revolucionario, el 1 de enero de 1959, a través de presiones a compañías extranjeras para que cesaran sus ventas a Cuba, luego la Ley Torricelli (1992) amenazó con sanciones a los países que cooperaron con la nación antillana y la Helms-Burton (1996) perfeccionó ese mecanismo.
Bajo el mandato de Donald Trump se iniciaron procesos legales al amparo de esta última legislación por primera vez en 23 años.
El accionar de demócratas y republicanos, los intereses de grupos de poder y las sanciones como método de presión evidencian, para Barrera, que en definitiva la política se aplica con raseros diferentes, en dependencia de los intereses de las élites involucradas. (Texto por: Isaura Diez Millán/ Prensa Latina)