La ley de desajuste centroamericano

La política de pies secos - pies mojados debe ser eliminada

Autor: Eduardo González García

 

La Ley de Ajuste Cubano está causando un desajuste de imprevisibles consecuencias entre Ecuador, Colombia y los países de Centroamérica.

El suceso más reciente, el miércoles, fue la irrupción por la fuerza de más de mil personas, en su mayoría cubanos, en territorio de Costa Rica, a través de la frontera con Panamá, donde se encontraban varados en su intento por llegar a los Estados Unidos.

Un comunicado de la presidencia de Costa Rica califica el hecho como “una afrenta al pueblo costarricense" y recuerda que el país centroamericano albergó y dio asistencia humanitaria en su territorio a casi ocho mil cubanos, durante cuatro meses, cuando Nicaragua decidió cerrarles el paso por su frontera en noviembre pasado.

El Gobierno costarricense anunció, además, que enviaría una carta al presidente norteamericano, Barack Obama, "para expresar el repudio a la vigencia de la normativa estadounidense que alienta a los migrantes a continuar con un peligroso tránsito hacia ese país por nuestros territorios".

En la reciente crisis, el Gobierno de los EE. UU. se negó a permitir que los cubanos viajaran directamente desde Costa Rica, e insistió en aplicar la absurda política de “pies secos – pies mojados”, que admite a los cubanos solo si ingresan al territorio norteamericano por tierra, a través de las fronteras, o cruzando el peligroso estrecho de La Florida en cualquier tipo de embarcación.

Ambas vías presuponen graves riesgos y favorecen la violación de las leyes y el tráfico ilegal de personas, con el criminal propósito de presentar como supuestos exiliados a los cubanos que emigran por motivos económicos y de reunificación familiar y siempre atraídos por promesas de éxito que distan mucho de la realidad.

Alejandro Solano, vicecanciller de Costa Rica, informó que México no servirá de nuevo como puente aéreo para los viajeros ilegales cubanos, como lo hizo a inicios de este año.

Después de una reunión de vicecancilleres y otros representantes gubernamentales de nueve países, celebrada en San José, Solano dijo que las autoridades mexicanas “no van a permitir una nueva operación de esta naturaleza, porque implica un mensaje confuso para la migración segura y ordenada".

Rodolfo Aguilera, ministro panameño de Seguridad, dijo que esos incidentes son resultado de problemas entre Cuba y EE. UU. y algunas agencias de prensa han criticado la ausencia de representantes nicaragüenses y cubanos en la reunión de San José, pero no se dieron por enterados de que el gran ausente fue el Gobierno norteamericano.

Cuba no tenía nada que hacer allí.

Los ciudadanos cubanos que se encuentran en esa situación no son migrantes, en virtud de las leyes cubanas y de la práctica internacional, sino ciudadanos que, en estricto respeto a sus derechos, viajaron legalmente, por motivos personales, a donde quisieron.

Cuba no les puede exigir a otros países que les faciliten el tránsito por sus respectivos territorios, pues ello es una potestad soberana de cada Estado, y las autoridades cubanas han reiterado que esas personas tienen todo el derecho de regresar a su patria, sin embargo, tampoco puede obligarlos a retornar.

El único responsable de esa lamentable situación es el Gobierno de los EE. UU. que alienta la emigración ilegal y desordenada de los cubanos.

La Ley de Ajuste Cubano, única de este tipo en el mundo, fue aprobada por el Congreso norteamericano en 1966 y ofrece a los cubanos que llegan a su territorio, por vías ilegales, privilegios que no reciben ciudadanos de ninguna otra nacionalidad ni país.

Solo los cubanos pueden ser acogidos en EE. UU. bajo palabra (parole), sin otro requisito que el de ingresar ilegalmente. Pueden optar por la residencia, casi de forma automática, al año y un día de estancia y acceder a pagos de seguridad social y otros beneficios públicos, durante sus primeros cinco años en los Estados Unidos.

El propio senador Marco Rubio, archienemigo de Cuba, pidió el miércoles un cambio en esa política, con el fin de eliminar los mencionados beneficios para quienes emigran por razones económicas.

Rubio dijo que "en esencia, nuestra ley trata a todos los cubanos categóricamente como si fueran refugiados, puedan probarlo o no", y argumentó que los EE. UU. gastaron 680 millones de dólares en el 2014 en beneficios para inmigrantes cubanos.

Reconoció que "es difícil justificar el estatus de refugiados de algunos, cuando luego de llegar a Estados Unidos, viajan al lugar del que dicen que huyeron unas 10, 15, 20, 30 veces al año".

Esa política discriminatoria siempre ha creado fricciones entre los EE. UU. y las demás naciones del continente, pero los roces se han incrementado mucho a partir del crecimiento de la emigración ilegal cubana, motivados por el temor de que el proceso hacia una futura normalización de las relaciones bilaterales determine que sea derogada la mencionada ley.

Precisamente esa es la solución: derogar la Ley de Ajuste Cubano, lo cual compete al Congreso y no es fácil que suceda de inmediato.

Pero el presidente de los EE. UU. tiene suficientes prerrogativas para modificar su aplicación, ya que el otorgamiento de la residencia es una opción de las autoridades migratorias, que pueden denegarlo, y el mandatario también puede abolir la práctica de “pies secos – pies mojados”, la cual no está codificada en ley.

Mientras, si bien los gobiernos de los países que están en el camino de la emigración ilegal tratan de hallar una solución humanitaria para los cubanos, no pueden dejar de reconocer la exclusiva responsabilidad estadounidense en el problema y la humillante discriminación que padecen los ciudadanos del resto del mundo.