A la vista, nuevos trámites para la vivienda en la Habana Vieja

Los trabajadores de Vivienda en la Habana Vieja se preparan para la aplicación de nuevas normas para los trámites asociados al sector. Fotos: Mirelys del Pilar.

Por: Mirelys del Pilar

Los trabajadores del sistema de la Vivienda en la Habana Vieja, responsables de ofrecer servicios a la población, se preparan para la aplicación de nuevas normas para el perfeccionamiento y flexibilización de trámites y servicios, los cuales entrarán en vigor el 19 de diciembre próximo.

El paquete incluye siete medidas implementadas por el Instituto de Planificación Física, las cuales tendrán impacto directo en la población mediante la resolución 57, que elimina el documento técnico que elabora el arquitecto de la comunidad, previo al dictamen de descripción, tasación y medidas y linderos de las direcciones municipales de Planificación Física.

De acuerdo con Iliana Calderón, directora de Vivienda, otra de las facilidades que se implementarán se recogen en las resoluciones 59 y 60, que concentra todos los trámites de estas entidades sobre los procedimientos para la emisión de certificaciones inmobiliarias en los asentamientos urbanos, logrando de esta manera una influencia positiva en la calidad de los servicios.

Calderón añadió que los trabajadores de trámites y servicios del sistema de la vivienda serán actualizados con las nuevas normativas que tienen el propósito de facilitar a los propietarios de los inmuebles la realización de todo el proceso de reajuste de los documentos legales de sus domicilios, y que simplifican los trámites relacionados con el dictamen técnico de la vivienda y el registro de los títulos de propiedad. 

La funcionaria explicó que este grupo de medidas es parte de una estrategia del Instituto de Planificación Física, de conjunto con el Ministerio de la Construcción, para informatizar la documentación, reducir las operaciones y el tiempo de entrega de las certificaciones.

La situación con la vivienda es uno de los asuntos más complejos que ocupa prioridad para el gobierno cubano, en especial para las autoridades de La Habana.

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