Por: Cáliz Moré Leal
Resultan encomiable las acciones que, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, realiza el Estado cubano para proteger a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Son prioridad, por ejemplo, los menores, los adulos mayores y las embarazadas, en un escenario donde el bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido por el gobierno trumpista, afecta la vida cotidiana de la mayoría de la población.
Como también afecta que los múltiples programas para diversificar el aporte de los agricultores a la producción nacional, mejorar el abastecimiento al mercado interno, sustituir importaciones y transformar las exportaciones, sean metas aun inconclusas.
Puedo hablar de San Miguel del Padrón, pero del alza diaria de los precios de los productos del agro, o de los exentos del pago del impuesto aduanero por las importaciones, no escapa ningún municipio.
Acérquese a cualquier kiosco, timbiriche, portal y hasta en las aceras y vera el precio del litro de aceite a mil 300 y a mil 500 pesos, y en muchos casos el contenido es de 900 mililitros.
El costo del aceite, del pollo troceado, la leche en polvo, las pastas alimenticias, la salchicha y el detergente en polvo se viola a ojos vista. Algo que también ocurre con los precios de productos agrícolas como la libra de boniato, que se cotiza a 80 pesos cuando lo establecido es 35.
Usted que me lee podría agregar más distorsiones en el cumplimiento de la política de precios establecidos por el Ministerio que dirige la actividad y por la Ordenanza de la Gobernadora de La Habana, y de seguro coincidimos en que el asunto centra la conversación en cualquier sitito donde se agrupen personas, en espera de un transporte para llegar a una consulta o simplemente acceder al trabajo.
En una economía de guerra como se encuentra Cuba, no puede imponerse la Ley de la Oferta y la Demanda Recordemos a Martí en su discurso en conmemoración del 10 de octubre de mil 868 en Nueva York y cito “prever es el deber de los verdaderos estadistas dejar de prever es un delito público: y un delito mayor no obrar".