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Por: María Karla Fernández Mustelier
Una nueva resolución emitida por el Gobierno Provincial de La Habana ha encendido el debate en los mercados y las calles de la capital. Con el loable objetivo de "contener los precios de los alimentos" que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos, la medida establece precios máximos de compra al productor, así como límites estrictos para la venta mayorista y minorista en los mercados estatales y puntos de venta.
En teoría, una iniciativa que busca llevar orden, equidad y control a la comercialización de productos agrícolas, esos mismos que son la base de la dieta diaria de las familias. Sin embargo, desde su entrada en vigor a inicios de este mes, la disposición ha generado un panorama de opiniones divididas y una palpable resistencia en el terreno, donde la vida real se impone a las buenas intenciones.
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Según la narrativa oficial, esta resolución es un escudo necesario para proteger al consumidor. Funcionarios locales han informado que se están realizando inspecciones constantes para garantizar el cumplimiento de la norma y evitar lo que califican como "prácticas especulativas".
El mensaje es claro: se busca frenar la inflación descontrolada en el sector agrícola, asegurando que productos como la malanga, el plátano o el tomate sean accesibles para todos. Es un intento de planar una canasta alimentaria que, para muchos, se ha vuelto un lujo inalcanzable.
Pero al caminar entre las carpas de las ferias y los puestos de venta, la teoría choca frontalmente con la práctica. La medida se topa con tres actores principales, cada uno con su propia frustración:
1. El productor que lamenta pérdidas: Para el agricultor, el precio máximo de compra a menudo no cubre sus costos reales. Semillas, herramientas, transporte y mano de obra representan una inversión que, con los nuevos topes, puede volverse inviable. Muchos argumentan que la medida desincentiva la producción, ya que no ven un retorno justo por su trabajo y riesgo. "¿Para qué sembrar más si me obligan a vender a un precio que me genera pérdidas?", es un lamento recurrente.
2. El vendedor en un callejón sin salida: Los intermediarios y vendedores minoristas se encuentran atrapados. Si compran al productor al precio tope establecido, sumando sus propios costos de operación y un margen de ganancia mínimo, el precio de venta final, aunque "controlado", puede no ser atractivo para el comprador, o peor aún, insuficiente para sostener el negocio.
3. El comprador que no confía: Paradójicamente, el ciudadano de a pie, destinatario final de esta protección, mira con escepticismo los precios topados. La experiencia le ha enseñado que los controles de precios a menudo derivan en desabastecimiento. El temor es que los productos de calidad desaparezcan de los mercados formales y reaparezcan en el mercado informal a precios aún más elevados. La pregunta que flota en el aire es: "Si logro encontrar un producto con el precio tope, ¿será de buena calidad o será lo que sobró?".
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La resolución de La Habana pone sobre la mesa el eterno dilema entre el control estatal y las leyes de la oferta y la demanda. Mientras las inspecciones se suceden para hacer cumplir la ley, la realidad económica se resiste con sus propias reglas.
La medida, concebida para dar estabilidad, ha terminado por evidenciar las profundas grietas en la cadena de comercialización de alimentos. Lejos de ser una solución definitiva, se ha convertido en un nuevo epicentro de contradicciones: un gobierno que intenta controlar lo incontrolable, productores que ven menguados sus ingresos, y compradores que, ante todo, anhelan llenar su javita de la compra con regularidad y a precios justos, algo que, por ahora, parece más un ideal que una realidad.
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El tiempo dirá si este control de precios logra su objetivo de equidad o si, por el contrario, termina empeorando la crisis que pretende resolver. Por el momento, en los mercados de La Habana, la teoría de la resolución y la práctica del día a día libran una batalla donde, al parecer, todos sienten que pierden algo.