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| Ilustración: Osval/Periódico Escambray |
Por: Lenay Barceló
Sin lugar a dudas la falta de atención en el debido tiempo a planteamientos de la población laceran la credibilidad de las instituciones que representan a la ciudadanía, con el consecuente descrédito que ello acarrea.
Las instituciones gubernamentales que habitualmente recogen quejas de la ciudadanía tienen no solo la responsabilidad de mantener esa comunicación constante con el aquejado, sino deben exigir a la institución implicada una respuesta inmediata sobre la problemática en cuestión.
Así lo plantea el procedimiento en la legislación cubana vigente, traducida en la Ley del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, publicada en Gaceta Oficial No. 123 Ordinaria de 2024.
La norma en cuestión vela por "la legalidad, vinculación permanente con la población, la objetividad en el tratamiento, celeridad y transparencia, así como destaca la importancia de que quienes tienen sobre sí el peso de esta labor lo hagan con un alto grado de sensibilidad", reseña el diario Granma.
Entonces, si se trata de una ley, como es posible que pasen de un año a otro quejas de salideros, viviendas en estado crítico, vertimientos de aguas negras, insuficiencias en el alumbrado público, en la recogida de escombros y otros desechos, sobre la calidad del pan y otros asuntos que son de atención diaria.
¿Por qué se debe quejar la persona a instancias superiores que en ocasiones superan al municipio para que se solucione el problema?
El pueblo está viviendo momentos complejos y lo que no puede faltar en los decisores y personas responsables de tramitar una queja, es la sensibilidad con el prójimo. En ello también nos va la supervivencia.