Un recorrido urgente para penar la ciudad

Diseño: Alejandro Castro/Radio COCO

Por: Leydis Luisa Mitjans

“Se presenta un proyecto de ley (…) trascendental en la consolidación de la política del Estado cubano para proteger el legado cultural y natural de la nación, y la implementación de disposiciones que permitan hacer más eficaces la identificación, protección y socialización del patrimonio y su uso como fuente de desarrollo local”.

Así expresó el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, en referencia a la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, aprobada en el año 2022 por los parlamentarios cubanos. Al decir del Ministro, entre los aspectos novedosos de esta ley se encuentran la inclusión del patrimonio natural — algo que ocurre por primera vez— y el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial.

El texto, robusto y abarcador, no es fruto de la casualidad. Para su redacción fueron consultados varios expertos, se analizaron las debilidades de las disposiciones vigentes con anterioridad y, sobre todo, se materializó la convicción de que proteger el patrimonio es, también, proteger la nación, sus símbolos y su identidad.

La voluntad por proteger el patrimonio en el país no es reciente. Desde el período de la República se originaron acciones que apuntaban a la salvaguarda y amparo de elementos con valores históricos y/o arquitectónicos.

El Decreto Presidencial número 1306 del 7 de agosto de 1928, que designó la creación de una comisión para impedir la dispersión de la riqueza arqueológica; la conformación del Departamento de Cultura en 1934, bajo el gobierno de Carlos Mendieta, y la Declaratoria de Monumento Nacional a la Plaza de la Catedral, son algunos ejemplos de ellos. En este período, además, hay una figura imprescindible: Emilio Roig de Leuchsenring.

Desde sus funciones como historiador de la ciudad, Emilio Roig batalló para preservar La Habana colonial. Valoró la importancia de ese tesoro patrimonial, también reconocido por escritores, artistas y por los arquitectos Bens Arrate y Joaquín Weiss. Tropezó con poderosísimos intereses creados. La injerencia norteamericana en la República neocolonial había convertido esa área de la capital en nuestro minúsculo y subdesarrollado Wall Street, con las sedes matrices de los principales bancos y oficinas de abogados al servicio del poder hegemónico. El precio del metro cuadrado de terreno se agigantó. Así pudo derrumbarse la Universidad de San Gerónimo con uno de los mejores artesonados mudéjares de América Latina para edificar la insípida estructura rectangular destinada a constituirse en terminal de helicópteros (Pogolotti, 2020). 

También sobresalen en ese contexto la Constitución del 40, la fundación de la Comisión Nacional Cubana de la Unesco (CNCU) y del Centro Regional de la UNESCO para el Hemisferio Occidental (CRUHO). No obstante, mucho quedaba solo en papel, ante la imposibilidad de ejecutar lo dispuesto legalmente de manera orgánica; algo que cambió de forma radical con la Revolución, pues la Cultura —en su expresión más abarcadora — fue motor impulsor de los procesos de transformación de la Isla.

El panorama legislativo en Cuba respecto a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural ha sido un proceso vivo, sobre todo después de 1959. Si bien el recorrido legal a veces es más pausado que las dinámicas de desarrollo nacional e internacional, lo cierto es que la voluntad del Estado cubano en ese sentido es palpable.

Y, precisamente de esa voluntad y de todas las experiencias acumuladas se obtuvo el cuerpo normativo actual, que se articula con las leyes internacionales que protegen al patrimonio cultural: un concepto que no siempre existió, que ha evolucionado y que ha alcanzado la jerarquía que hoy posee, sobre todo, a partir del reconocimiento universal de que con él se mantienen vivas las identidades de los pueblos. 

LLHM