La Habana: enfrentar las ilegalidades desde el municipio

Momentos de la reunión de este martes del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno en La Habana. Foto: Del autor. 

Por: Eduardo Douglas Pedroso

El primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, exigió este martes a los funcionarios y dependencias del Gobierno y el PCC en la ciudad a intensificar el enfrentamiento a las ilegalidades relacionadas con la reventa de productos, el acaparamiento, la sustracción de mercancías de las entidades estatales, y los precios abusivos en los 15 territorios de la urbe.

En la sesión del Grupo Temporal de Trabajo (GTT) de la capital cubana, Torres Iríbar definió que la máxima prioridad es identificar las fuentes de donde se sustraen esas mercancías, así como las casas que se convierten en almacenes para su venta en el mercado ilegal.

Ese es el origen del comercio ilícito, ahí es donde debemos actuar con mayor precisión y agilidad; eso es lo que nos está pidiendo la población, señaló.

Los grupos municipales de enfrentamiento,  encabezados por los intendentes, han identificado los puntos críticos en los que proliferan las actividades relacionadas con la venta ilegal de mercancías, fundamentalmente alimentos, y deben mantener un chequeo permanente de los mismos.

El dirigente partidista se refirió a las zonas para la concurrencia de los trabajadores por cuenta propia (TPC) como 100 y Boyeros y La Cuevita, donde se toleró la presencia de vendedores ilegales de pollo, picadillo y otros productos alimenticios de origen ilícitos.

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En las investigaciones realizadas en Boyeros se evidenció que los implicados no eran TPC de allí, pero se toleró su accionar en ese entorno.

También se refirió a las inspecciones que se efectúan en las panaderías y en los puntos de venta de los cilindros (balitas) de gas, donde se han detectado un grupo de acciones ilícitas, tomándose las medidas correspondientes. Esa es una prioridad en estos momentos, definió.

En el caso del gas, las investigaciones apuntan hacia una probable complicidad de algunos trabajadores en la sustracción de más de mil cilindros.

Las acciones de los órganos de control y fiscalización municipales y provincial tienen que enfocarse también en los precios abusivos establecidos por los actores económicos, tanto privados como estatales, indicó Torres Iríbar.

Definió, además, que que la guía para establecer precios tiene que ser la ficha de costo; ella es la que justifica las tarifas de productos y servicios, en el sector estatal y no estatal.

Se han detectado casos donde ha primado el afán de obtener miles de pesos a toda costa sin relación alguna con los gastos, afectando a los consumidores. 

Las instituciones estatales, sobre todo las del sector presupuestado, deben ser cuidadosas en sus contratos con las cooperativas y otros actores, porque se han detectado pagos exorbitantes por servicios que no se justifican, alertó.

"Hay que combatir los precios exagerados, abusivos, en todos los ámbitos, sea un ente estatal o privado", exigió.

YER

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