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| Diseño: Gilberto González García |
Autor: Eduardo González García
La comunidad internacional se pronunciará, por vigésimo séptima ocasión, el próximo 31 de octubre, acerca de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba.
La comunidad internacional se pronunciará, por vigésimo séptima ocasión, el próximo 31 de octubre, acerca de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba.
Nadie duda que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (Onu) vuelva a condenar, por aplastante mayoría, esa política genocida, diseñada para rendir por hambre y desesperación a todo un pueblo.
El bloqueo económico más feroz y más largo de la historia de la humanidad fue decretado oficialmente, por el Gobierno norteamericano, en octubre de 1960, sobre la carcomida base de una “ley de comercio con el enemigo”, diseñada para la Primera Guerra Mundial y que, ni entonces ni nunca, fue aplicada contra ningún otro país.
El 9 de octubre de 1961, Cuba presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas, por primera vez, un proyecto de resolución contra esa medida unilateral y violatoria de la ley internacional, pero tuvo que retirarla, porque las enormes presiones de Washington sobre la mayoría de las representaciones diplomáticas ante la Onu hacían imposible que progresara.
Al año siguiente, la delegación cubana volvió a presentar el documento, y pese a las sucias maniobras y amenazas de los representantes norteamericanos, la comunidad internacional aprobó la resolución contra el bloqueo por 59 votos a favor y solo tres en contra: EE. UU., Israel y Rumanía.
Sin embargo, 71 países se abstuvieron y 46 delegaciones se ausentaron del plenario, para esquivar la responsabilidad de respaldar el justo reclamo cubano y tener que enfrentar las represalias del imperio.
Desde entonces, año tras año, la asamblea ha seguido apoyando la resolución cubana, con creciente votación a favor, sobre todo, a partir de 1992, cuando EE. UU. puso en vigor la llamada Ley Torricelli, que codificó el bloqueo y reveló, con total desenfado, el propósito de subvertir el orden institucional cubano.
Tras la promulgación de la Ley Helms-Burton, de 1996, que extendió el alcance extraterritorial de la guerra económica contra la mayor de las Antillas, hasta la casi totalidad de los aliados de los EE. UU. se sumaron al rechazo al bloqueo, pues vieron agredida su propia soberanía.
El cambio de táctica adoptado por el presidente norteamericano Barack Obama con respecto a Cuba, a partir del 17 de diciembre de 2014, llegó acompañado de una ofensiva mediática dirigida a confundir a la opinión pública cubana y mundial y ocultar la persistencia de las intenciones de derrocar a la Revolución, aunque por otras vías.
Algunas decisiones presidenciales de esa administración fueron magnificadas por los monopolios mediáticos, mientras la verdadera esencia del mal llamado embargo quedó incólume y, para colmo, la persecución financiera fue reforzada.
El mundo no se dejó engañar, y la condena a ese cerco económico siguió siendo prácticamente unánime.
En 2016, por única vez, los Estados Unidos y su álter ego, el Gobierno de Israel, votaron en abstención, en correspondencia con la directiva emitida por Obama, en la cual calificó al bloqueo como una política fracasada y obsoleta.
Pero el pasado año el voto negativo norteamericano fue consecuente con el retorno de la política cavernícola hacia Cuba, puesto en práctica por el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que responde al chantaje de la mafia anticubana.
El magnate-presidente recrudeció la guerra económica contra Cuba, al tomar acciones para limitar, aún más, del derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar de manera individual a la Isla, incluso dentro de una de las 12 categorías generales establecidas durante el mandato de Obama, y prohibir las actividades económicas con empresas supuestamente vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros aspectos.
No obstante, en 2017, la comunidad internacional volvió a condenar el bloqueo, sin lugar a dudas, con el respaldo de 191 países a la resolución cubana y los únicos votos negativos de EE. UU. e Israel.
Ya suman 26 los contundentes documentos suscritos por la que se supone sea la máxima autoridad internacional, sin embargo, debido a la falta de verdadera democracia en la Onu, las decisiones de la Asamblea General no son vinculantes y por ende no han logrado imponer la voluntad del mundo y obligar a la nación norteamericana a eliminar esa absurda y criminal política.
Algunos se preguntan: ¿Por qué, entonces, seguir presentando nuevos proyectos de resolución contra el bloqueo, año tras año?
La respuesta vuelve a estar en las declaraciones y las abrumadoras votaciones de la comunidad internacional, que conoce la actualización de los daños del asedio económico, cada año, y renueva su rechazo a esa política genocida.
El debate del informe cubano rompe la cortina de silencio cómplice y desarticula la campaña dirigida a engañar al mundo sobre el verdadero estado de las relaciones entre Cuba y EE. UU.
Y este 31 de octubre, sin dudas, la gran pantalla del salón plenario de Naciones Unidas volverá a alumbrarse de verde-verdad.