viernes, 22 de abril de 2016

Brasil: ¿derechazo o puñalada trapera contra la democracia?


Diseño: Gilberto González García
Autor: Eduardo González García

El golpe de Estado parlamentario que está en marcha en Brasil tiene más de una lectura y, aunque se inscribe y alienta en la actual contraofensiva de la derecha en Latinoamérica, no se deben ignorar sus otros múltiples motivos y propósitos.


Por supuesto, es un intento por desmontar la política económica y social que lleva adelante el gobierno del Partido del Trabajo (PT), para regresar al Brasil del neoliberalismo salvaje, donde unos pocos cabecillas locales llenan sus arcas, mientras garantizan a las grandes trasnacionales que se lleven el sudor de los trabajadores, las aguas, los árboles y la biodiversidad de la Amazonía, el petróleo, los minerales, el azúcar… todo.

Se basa en acusaciones sin pruebas ni fundamentos legales contra la legitimidad de un gobierno electo, hace menos de dos años, por la mayoría del pueblo, con un impresionante respaldo de más de 56 millones de electores.

Tan burda es la maniobra que, incluso, el informe elaborado por el diputado instructor, Jovair Arantes, se refiere a casos “completamente ajenos” a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la empresa Petrobrás, “en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada”, argumentó el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo.

Para empezar a comprender esta compleja trama, lo primero es discernir cuál es el principal objetivo de los promotores del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y, aunque parezca extraño, ella no es el blanco primordial, sino el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula podría presentarse a las próximas elecciones y arrasar con la votación, para garantizar otro mandato de la coalición progresista encabezada por el PT, que goza del apoyo de millones de ciudadanos beneficiados por los programas sociales de la última década.

Según el Banco Mundial, 25 millones de brasileños dejaron de vivir en la pobreza, gracias a programas como Bolsa Familia; Mi Casa, Mi Vida; Más Médicos y Hambre Cero.

Incluso, dado el prestigio popular que acumula, es posible que Lula no necesitara muchas alianzas con otros partidos para ganar los comicios y mucho menos para gobernar.

Esa posibilidad, casi certeza, deja sin opciones a muchos con ambiciones de poder, quienes encabezan la campaña contra Dilma y contra el propio Lula.

Tras la destitución de la presidenta se haría cargo un gobierno sustitutivo, formado por los cabecillas del golpe parlamentario, quienes aprovecharían el lapso hasta las próximas elecciones, en 2018, para desmontar los avances logrados por el PT y entregar el país al capital foráneo.

El afán de ciertos personajes por hacerse con el gobierno tiene, en este caso, además de las motivaciones de siempre, las de tratar de escapar de la justicia.

Gran cantidad de los políticos que promueven la destitución de Rousseff, e incluso muchos de los que la defienden, deberían estar sometidos a juicio o cumpliendo condenas por graves delitos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los más activos promotores del golpe, deberá responder ante la Corte Suprema acusado de haber recibido, al menos, cinco millones de dólares en sobornos, procedentes de las operaciones fraudulentas en la empresa Petrobrás. Se le imputa ocultar ese dinero en Suiza y enfrenta un proceso en el Comité de Ética de la Cámara por haber mentido sobre sus cuentas en el extranjero.

Cunha fue quien supervisó la votación del domingo 17 en la Cámara de Diputados que aprobó enviar al Senado el proceso de destitución.

Michel Temer, el vicepresidente que traicionó a Dilma y aspira a ejercer la presidencia por sustitución hasta 2018, está bajo sospecha de haber participado en negocios ilegales de alcohol.

En caso de que Temer fuera inhabilitado, Renan Calheiros, el presidente del Senado, ocuparía la silla presidencial, pero él también tiene causas pendientes por evasión de impuestos, receptación de sobornos de un lobista, dinero que usaba para pagar la manutención de una amante y una hija que tuvo con ella.

Según cálculos de la ONG Transparencia Brasil, unos 300 de los 513 diputados de la Cámara enfrentan –o enfrentaron– cargos, que van desde la corrupción hasta el asesinato o la violación y, como mínimo, 48 de los 81 senadores a quienes corresponde decidir ahora si procede el juicio político están —o estuvieron— sometidos a causas judiciales.

Ello explica que, además de un golpe de la derecha, la impugnación de la presidenta sea una puñalada por la espalda que le propinan algunos de sus supuestos aliados en la coalición de gobierno.

Detrás del telón no podían faltar las garras del gobierno de los Estados Unidos, que promueve el golpe también para anular la influencia de Brasil en la arena internacional y su importancia como promotor de la unidad y la integración latinoamericana y caribeña.

Además, Washington aspira a debilitar a los Brics, un grupo de países emergentes que desafían la hegemonía del dólar estadounidense y del cual Brasil es el único eslabón en este hemisferio.

Envolviendo todo el paquete conspirativo, los medios de desinformación de siempre se hacen repetido eco y amplifican las falsas acusaciones contra Dilma y Lula.

Incapaces de reprimir su euforia por los resultados del domingo, despliegan titulares apocalípticos y tendenciosos, acompañados, incluso, de fotografías distorsionadas y grotescas caricaturas de la presidenta.

Así se completa un cuadro, a grandes trazos, de la maraña conspirativa contra Brasil y contra el continente, porque el golpe contra Dilma es también contra todos los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, contra todas las fuerzas de izquierda y contra la democracia.



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