martes, 10 de febrero de 2015

Repercusión económica de las medidas de EE.UU. hacia Cuba





Autor: Eduardo González García

Las medidas puestas en vigor por Washington con respecto a Cuba, el 17 de enero, representarán algunos limitados beneficios económicos para los cubanos y para muchos empresarios norteamericanos, y sus declarados fines injerencistas están condenados al fracaso.

Son muchas las expectativas generadas por las medidas que anunció el presidente norteamericano, Barack Obama, el 17 de diciembre pasado, y que han entrado en vigor, el 17 de enero, por disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y los departamentos de Comercio y del Tesoro de los Estados Unidos.
Realmente, esas medidas pueden tener repercusión en las economías de ambos países, aunque, por ahora, su alcance es bastante limitado.
La de quizás mayor y más inmediato impacto puede ser la de facilitar los viajes de varias categorías de ciudadanos norteamericanos a Cuba.
Antes, cada potencial viajero o grupo específico tenía que solicitar una licencia, mediante un engorroso y costoso proceso burocrático. Hoy, una licencia general ampara a esas categorías que, si bien excluyen el turismo normal y corriente, ofrecen cierta amplitud. Es fácil demostrar que se desea venir a Cuba por intereses culturales, religiosos, empresariales o profesionales, entre otros.
Complementariamente, se ha otorgado permiso a ciertas compañías de viaje y a aerolíneas para transportar a esos viajeros, lo cual debe facilitar los trámites.
Por supuesto, esas disposiciones deben incrementar, en el corto plazo, la llegada de visitantes norteamericanos a Cuba, y de hecho, esta cifra ya creció 14 por ciento, en los primeros días, comparada con igual fecha del año pasado.
Como efecto colateral, se aprecia un crecimiento del interés de turistas de otras regiones hacia Cuba, quizás atraídos por la novedad o impulsados por agencias de viajes y turoperadores, interesados en reforzar su presencia en este mercado, ante la perspectiva de una saturación de las capacidades.
También fue eliminado el límite de los gastos que pueden hacer los visitantes norteamericanos en Cuba y se les permitirá usar sus tarjetas de crédito, débito, e importar hasta 400 dólares en algunos productos cubanos.
Todo ello debe significar un incremento nada despreciable de los ingresos de Cuba, aunque no cambiará espectacularmente la economía del país.
En medios de prensa, se advierte que esas medidas representan un reto para la nación antillana, tanto por la disponibilidad de capacidades de alojamiento, como de servicios aeroportuarios, aduaneros y de infraestructura, en sentido general. Realmente, ya los hoteles de La Habana están llenos, pero no hay que olvidar que se siguen construyendo habitaciones y que todavía existen grandes potencialidades en el sector de la economía no estatal.
Por otra parte, se habla del peligro social que pudiera representar la llegada masiva de visitantes, procedentes de un país donde son muy altos los índices de consumo de drogas, la pornografía, la violencia y otros delitos. Es, ciertamente, un reto; pero las autoridades cubanas han demostrado su capacidad para descubrir y neutralizar esos riesgos y, lo más importante, la sociedad de este país tiene un sólido blindaje cultural contra esos males, no absolutamente impermeable, pero bastante suficiente.
Además, no olvidar que Cuba es un país soberano, institucionalizado y ordenado que, como cualquier Estado que se respete, tiene las prerrogativas de determinar quién ingresa por sus fronteras y quién no.
El propósito declarado de utilizar estas medidas para socavar el sistema político y social que los cubanos hemos decidido adoptar, chocará con la unidad del pueblo en torno a sus instituciones, de modo que los fines subversivos de esta nueva política fracasarán, como han fracasado las tácticas anteriores.
Otras medidas son, por ejemplo, aumentar el tope de las remesas de dinero hacia Cuba hasta los ocho mil dólares anuales, lo cual, en opinión de expertos, no significará un aumento sustancial de los ingresos al país, dado que la inmensa mayoría de los remitentes son trabajadores de limitados recursos, a quienes no les sobra el dinero.
El gobierno norteamericano decidió autorizar ciertos flujos de microfinanzas y exportaciones con destino al sector privado cubano, la apertura de corresponsalías de instituciones financieras de ese país en Cuba; y permitir a personas residentes en los Estados Unidos establecer servicios y exportar bienes asociados al área de las telecomunicaciones, excluyendo aquellos de alta tecnología.
El lenguaje ambiguo en la formulación de estas medidas no oculta la intención de fomentar aquí una capa social proclive al enfrentamiento contra el sistema socialista; pero, de nuevo, la Casa Blanca olvida que Cuba no es un potrero, sino un país soberano, que sabe y puede determinar qué acciones foráneas permitir y cuáles no. El resultado económico será positivo, aunque modesto, y sus propósitos políticos serán derrotados.
Por cierto, las autoridades norteamericanas han reiterado que continuarán destinando fondos procedentes de los contribuyentes de ese país a fomentar la subversión en Cuba, lo cual prueba los propósitos injerencistas de toda esa nueva táctica.
Otras medidas reflejan que Washington se ha visto obligado a suavizar el nocivo impacto colateral del bloqueo, sobre la propia economía norteamericana y de terceros actores.
Tales son el cambio del “pago en efectivo adelantado antes del embarque” de productos exportados a Cuba, por el “pago en efectivo antes del cambio de titularidad del producto” para aquellas operaciones de comercio autorizadas por la OFAC; y permitir que sus empresas provean ciertos servicios y bienes (bajo determinadas restricciones), a cubanos residentes en terceros países.
También ampliar la autorización existente para cubrir algunas operaciones oficiales realizadas por empleados, oficiales del gobierno y de terceros países; autorizar a las compañías de seguros para emitir pólizas a favor de nacionales de terceros países que viajen a Cuba; así como permitir a barcos extranjeros entrar en puertos norteamericanos, después de determinadas transacciones en la mayor de las Antillas.
Todas estas medidas tendrán un efecto económico favorable para Cuba, aunque muy limitado, por cuanto no eliminan los principales obstáculos creados por el bloqueo.
Por último, la OFAC autorizará las transacciones económicas de entidades norteamericanas con la misión diplomática cubana en los Estados Unidos y su personal, lo cual, por supuesto, es una condición indispensable para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares, un propósito que el presidente Barack Obama está muy apurado en conseguir, antes de la Cumbre de las Américas de abril.
Él necesita llegar a dicha reunión con ese aval, como demostración práctica de su “nueva política” hacia Cuba, de cara a mejorar la imagen de su gobierno frente a la ahora rebelde América Latina.
Subrayar que restablecer las relaciones diplomáticas y consulares es un paso indispensable, pero primario, hacia un propósito mucho más complejo, que sería la normalización de las relaciones bilaterales, lo cual requerirá de largas y difíciles negociaciones y no será posible mientras existan el bloqueo, las trasmisiones radiales y televisivas ilegales, el financiamiento a la subversión y otras formas de agresión contra la tierra de José Martí.
En apretado resumen, las medidas puestas en vigor por Washington, el 17 de enero, y su implementación, representarán, a corto plazo, algunos beneficios económicos para Cuba —y para muchos empresarios norteamericanos—, aunque esa repercusión será limitada y sus declarados fines injerencistas están condenados al fracaso.
El desarrollo económico y social de nuestro país depende del cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, y seguirá siendo por el camino del socialismo.

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